Esta semana se completó un ciclo investigativo
para la historia negra de la Policía de Frontera. El jueves el Tribunal de
Rafaela, a cargo de Cecilia Alamo, condenó a Silvina Asís, exjefa policial a
diez años de prisión por los delitos de asociación ilícita, apremios ilegales,
privación ilegítima de la libertad, falsificación de documento público, entre
otros hechos.
Cabe recordar que Asís no fue la única
implicada en esta grave causa, sino que otros dos jefes policiales también
habían sido acusados, pero en su lugar decidieron reconocer los hechos para
amortizar la condena.
Se trata de Gastón Eletti (quien era responsable
de la Zona de Inspección Nº 5) y Juan Manuel Villafañe (numerario de la Brigada
Motorizada). Ambos ya habían sido condenados a 7 y 3 años de prisión,
respectivamente, en un juicio abreviado donde reconocieron los hechos. Sin
embargo, Asís no accedió a ese proceso, por lo que ahora fue juzgada mediante
un juicio oral.
Tras el paso de decenas de testigos, el pasado
martes se procedió a la lectura de alegatos. Allí, la fiscal Fabiana Bertero
solicitó que Asís sea condenada a doce años de prisión efectiva. Finalmente fue
sentenciada a diez años de cárcel.
Cómo operaba la “banda” de los jefes policiales de Frontera
Escuchas, denuncias, declaraciones y videos son algunos de los elementos que la fiscal especializada en violencia y corrupción institucional de Rafaela, Gabriela Lema, presentó en su momento como prueba para imputar a los ex jefes policiales de Frontera y Josefina, María Silvina Asís (37), jefa de la Comisaría Sexta; y Gastón Eletti (43), responsable de la Zona de Inspección Nº 5; y además a Juan Manuel Villafañe (27), numerario de la Brigada Motorizada, en el marco de la audiencia de control realizada en Tribunales de Rafaela.
En esa cita judicial, la jueza Cristina Fortunato hizo lugar al pedido del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y dictó la prisión preventiva para los efectivos que están imputados por presuntamente conformar una organización delictiva para cometer múltiples hechos delictivos, aprovechándose de su función de autoridades policiales, según la acusación a cargo de la fiscal.
Cabe recordar que llegaron al juicio imputados por la presunta comisión de 13 delitos tales como asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, encubrimiento agravado, entre otros.
Entre tantos hechos, se les imputó no dar a conocer a los autores de delitos cuando tenían conocimiento de quiénes eran: “Esto genera que la persona que está individualizada por el personal policial y que tiene la obligación de perseguirlo penalmente, siga en libertad y puede que cometa más hechos. Eso provoca, indefectiblemente que haya mayor inseguridad, afectando a los ciudadanos”, detalló en aquel momento la fiscal Lema.
En este sentido, explicó que otro de los delitos era recibir dádivas o exacciones, que son requerir a particulares contribuciones o beneficio material (coimas, coloquialmente) para realizar su trabajo o tratar de realizarlo, lo cual abona a la corrupción o la situación de dejar impune algunos de delitos.
Asociación ilícita
La funcionaria de MPA aclaró que a los tres policías les atribuyeron en total 13 hechos cometidos “en el marco del ejercicio abusivo de sus funciones como integrantes de la Policía de la provincia”. En tal sentido, añadió que “los delitos ocurrieron de forma habitual y continua, y se dieron en el contexto de una asociación ilícita que también integraban otros miembros de la fuerza policial”.
Los delitos por los cuales están siendo investigados fueron cometidos en un periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de febrero de este año en las localidades de Frontera y Josefina.
Lema agregó que si bien se registraron alternancias temporales en las que hubo menor actividad, “no se interrumpió la permanencia de la organización como asociación ilícita”.
